Rebecca Gomperts, Women on Waves

CONTRATAPA › LLEGA LA FUNDADORA DEL MOVIMIENTO QUE REALIZA ABORTOS EN ALTAMAR En la cresta de la ola Rebecca Gomperts es la fundadora de Women on Waves, la organización que lleva su barco por países con leyes antiabortistas para que las mujeres puedan abortar en aguas internacionales. Gomperts analizará la posibilidad de que el barco venga aquí el año próximo. Por Andrea Ferrari Lo de la cal y la arena es moneda corriente para las integrantes de Women on Waves: en cada misión que emprende el barco de este movimiento reciben una palada de reconocimiento femenino y otra de protestas y tomatazos por parte de los grupos antiabortistas. La organización, fundada por la médica holandesa Rebecca Gomperts en 1999, tiene como objetivo llevar información y asesoramiento sobre anticonceptivos y educación sexual y generar conciencia en torno de los peligros del aborto clandestino en distintos puntos del mundo. El aspecto más discutido, sin embargo, es que a bordo del barco un equipo médico practica abortos en aguas internacionales, de modo tal de quedar fuera de las restrictivas leyes de los países que visitan. Gomperts llega esta semana a la Argentina a dar charlas y conferencias. Aquí conversará la posibilidad de que el año próximo venga al país el barco de la agrupación, una noticia que pese a la antelación ya hace olas en el ámbito político. Antes de partir de Holanda, Gomperts conversó con Página/12. La invitación para la fundadora de Women on Waves partió de Autodeterminación y Libertad. La diputada porteña Noemí Olivetto, que viene organizando una serie de debates en la Legislatura sobre el tema e impulsando el tratamiento de uno de proyectos de ley presentados, tomó contacto con el grupo y Gomperts accedió a venir unos pocos días y a dar charlas en el Centro Cultural San Martín los días 10 y 11 (ver aparte). Pero antes de empezar, la visita ya generó todo tipo de reacciones. La más exaltada fue la del legislador macrista Jorge Enríquez, quien parece haber entendido mal la información o no estar bien asesorado: presentó una denuncia en la Justicia para frenar la llegada del barco, cuya venida a la Argentina no es por ahora más que una hipótesis a futuro. Otra legisladora salió a decir que en verdad el barco no puede viajar o realizar abortos por una prohibición legal. –Ustedes han tenido una batalla con el gobierno holandés. ¿Pueden actualmente realizar abortos? –Sí, podemos dar la píldora del aborto a una mujer con un embarazo de hasta seis semanas y medio –explica Gomperts–. El gobierno se ha mostrado reticente a darnos la licencia para realizar abortos hasta las doce semanas. En este momento hay un gobierno demócrata-cristiano en el país. Nosotros ganamos un caso en la Justicia y ahora tenemos otro, no sabemos aún cuál será la decisión. En principio, el tribunal decidió que no había razón alguna por la que no podíamos tener la licencia. El gobierno dijo bueno, pero sólo una licencia para trabajar dentro de los 25 kilómetros de Holanda. No tienen argumentos médicos o legales, entonces fuimos otra vez a la Justicia para protestar la decisión y aún estamos esperando. –¿Sólo realizan abortos con la píldora? –Sí. Es una droga que no se usa en Argentina, Mifepristone. Las mujeres lo prefieren así, es más natural. –¿Vendrá el barco a Argentina el año próximo? –No puedo anticipar nada en este momento. Estaré en Argentina la semana que viene y lo vamos a discutir. Si la nave viene finalmente, sin duda las olas serán grandes. Con un modelo similar al que utiliza en sus campañas Greenpeace (organización donde trabajó Gomperts antes de fundar Women on Waves), el movimiento se caracteriza por una apuesta de fuerte impacto mediático para lograr así instalar el tema en la sociedad y en los ámbitos políticos. A bordo del barco, las mujeres reciben información sobre anticonceptivos, pueden realizarse tests de embarazo y ecografías, son asesoradas para tomar una decisión “sin coerciones” y, en caso de optar por un aborto, reciben la píldora RU 486 (Mifepristone) en aguas internacionales. Posteriormente se realiza un control. El impacto en los países donde el aborto está prohibido es fuerte: sucedió así en cada uno de los lugares que visitó. El pasado agosto, el escenario fue Portugal. Allí, cuando la nave se acercó al territorio portugués, el ministro de Defensa anunció que se prohibía su entrada en aguas nacionales, aunque el barco no había violado ninguna ley. La decisión no se modificó pese a que la organización fue a la Justicia y recibió el apoyo de algunos políticos portugueses. Como si se tratara de una embarcación enemiga, dos barcos de guerra la custodiaron durante cada minuto de su estadía en aguas internacionales cerca de Portugal. Cuando fue evidente que la situación no se iba a desbloquear, Women on Waves decidió tomar otra iniciativa para ayudar a las mujeres portuguesas con embarazos no deseados: anunció que daría a conocer el protocolo que describe la manera más segura de realizar un aborto con una droga llamada Misoprostol –que se usa para tratar úlceras–, cuando la mujer no puede tener acceso a una intervención médica. Tras el anuncio, cientos de portuguesas se comunicaron con la organización para conocer el protocolo, que ahora figura en la página de Internet de la agrupación. Un grupo antiabortista acusó a Rebecca Gomperts de violar la ley por explicar este procedimiento en la televisión portuguesa. Y el SGP, un partido católico holandés, salió en apoyo de esta iniciativa y reclamó al gobierno de ese país que le retirara la licencia a Women on Waves. Sin embargo, el secretario de Salud no aceptó el reclamo. –Si no podían llegar al puerto, ¿por qué no dejaron el barco en aguas internacionales y llevaron allí a las mujeres en otra embarcación? –Se podría llegar a hacer eso, simplemente no estábamos preparadas para hacerlo. Hay que decir que Portugal rompió la ley internacional al no dejarnos entrar. Nosotros no anticipamos que esto podría pasar, no consideramos que los países podrían no respetar las leyes internacionales. Tenemos que estar preparadas para otra ocasión como ésta. –El protocolo para usar el Misoprostol –una medicación que se consigue en todo el mundo– figura ahora en la página de Internet. ¿Es seguro hacer un aborto con ese medicamento? –No es la mejor forma. Lo mejor es tener un aborto legal realizado por un doctor, pero es la forma más segura en que la mujer puede hacerlo por su cuenta. Es comparable con un aborto espontáneo. Las mujeres los tienen todo el tiempo, y lo importante es que sepa cuándo ir a un hospital a recibir ayuda. Si sangra demasiado, tienen que hacerlo. Pero no es algo antinatural, un diez por ciento de los embarazos acaba en abortos espontáneos, lo que hace la medicina es provocarlo. El problema es que no es un ciento por ciento efectivo. Y pensamos que si una mujer necesita realizarse un aborto debe poder estar segura de que funciona. Esta droga tiene una efectividad de entre un 80 y un 90 por ciento. –El barco de su organización nunca cruzó el océano. ¿En caso de que decidan venir está preparado para hacerlo? –En realidad nosotros alquilamos barcos, se trataría simplemente de encontrar uno adecuado.

Rebecca gomperts, Women on Waves

Mujeres a bordo: una médica holandesa desafía la criminalización del aborto llevando su clínica al mar 15 DE ENERO DE 2015 Mientras el partido republicano aprovecha su mayoría en el Congreso de la Nación y en las legislaturas de diferentes estados de Estados Unidos para intentar establecer nuevas restricciones al aborto, presentamos aquí la historia de una médica holandesa que ha hecho posible el aborto seguro en países donde aún es ilegal. El documental “Vessel” (Velero) sigue los pasos de la Dra Rebecca Gomperts, fundadora de la iniciativa “Women on Waves” (Mujeres en las olas) que se dedica a recorrer el mundo con un barco que realiza abortos en aguas internacionales, donde no se aplican las leyes de los países que los prohíben. Gomperts también ha fundado la iniciativa “Women on Web (Mujeres en la Red), un servicio de apoyo en internet para ayudar a que las mujeres consigan y usen de manera segura los medicamentos que inducen el aborto. Hablamos con Gomperts y la directora del documental “Vessel”.

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El aborto como derecho a la salud: un debate urgente Por Ximena Arriola

El aborto como derecho a la salud: un debate urgente Por Ximena Arriola Hace 95 años que el aborto es legal por causales. Desde 1921 el Código Penal de la Nación, en su artículo 86, explicitó que hay tres causales donde la interrupción del embarazo es legal: por violación, por afectación a la salud integral y por riesgo de vida. En el año 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró el sentido en el cual debía entenderse la causal salud en el emblemático fallo “F., A. L (1). s/medida autosatisfactiva”, remarcó lo innecesario de la judicialización e invitó al Estado a tomar acciones para cumplir con los acuerdos internacionales. En consecuencia, en el 2015 el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que reflejó y enmarcó muchas de las prácticas que se venían garantizando. Sin embargo, la realidad social del aborto es tremenda y está fuertemente sub-registrada. Las estadísticas hablan de más de 500 mil abortos por año y del fallecimiento de casi 200 mujeres por año: 50 mujeres por la práctica del aborto inseguro y 135 por causas obstétricas directas sólo en el 2013. Pero no hay que considerar sólo la mortalidad: la morbilidad severa, que implica daños físicos, psíquicos y morales por tratos denigrantes, el hostigamiento y las múltiples violencias que sufren tanto quienes acuden como quienes no al sistema de salud, son imposibles de calcular. En mi experiencia, comencé a pensar en las herramientas que tenía como militante política para acompañar a mujeres en situación de embarazo no deseado desde vivencias muy crudas. Aún no era médica y participaba de un espacio de asistencia y formación de “Promotores de Salud” en Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires, cuando estas urgencias comenzaron a emerger. Adolescentes y mujeres mayores, algunas ya madres, las que podían elegir un método anticonceptivo y las que sufrieron violaciones. Todas con algo en común más allá de una decisión tomada y la búsqueda de información: el miedo. La mayoría tenían el recuerdo de alguna mujer que terminó hospitalizada, que se infectó, que “la vaciaron”, que no pudo tener nunca más hijos, que murió, que su marido se enteró, que estaba presa. En ese contexto tuvimos que empezar a construir respuestas, desde el derecho, la empatía y la comprensión de la inequidad de género reinante basándonos en el feminismo. Por suerte, una compañera de Lesbianas y feministas por la legalización del aborto, estaba muy formada sobre el uso de misoprostol como método seguro de interrupción del embarazo. En ese entonces, nuestro paradigma era el de reducción de riesgos y daños, con confianza en el derecho a la información científica y de calidad que tenemos las mujeres. En el contexto del malintencionado debate actual, es importante aclarar que la compañera que no era médica, contaba con la información científica y que yo, en mi pasaje universitario, nunca tuve formación alguna al respecto. Por eso me preocupó la confianza depositada en la comunidad profesional de la medicina en este tema. Es necesario que la sociedad sepa que en las universidades no es parte de la currícula la asistencia psicológica, legal y técnica del aborto, sólo se nos recalca que es una situación a la que debemos temer, que seremos demandados y que un juez nos sacará la matrícula. En esas aulas, un docente un día nos explicó: “el paciente es el enemigo hasta que se demuestre lo contrario”, así nos invitó al ejercicio de una de las más hermosas profesiones. Pasados algunos años, ya recibida y en ese momento ocupando un puesto en la función pública en la Secretaria de Salud de Lomas de Zamora, mi responsabilidad era otra. El paradigma de reducción de riesgos y daños llegaba a un cuello de botella, muy marcado en las clases populares, que era el acceso a la medicación: los blíster para una interrupción segura tienen un costo de entre $1.000 y $1.800 en las farmacias. De modo que comienzo a empaparme de la experiencia de otros colectivos sociales y de espacios del sistema público -particularmente de la dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires, que acompañaba la labor titánica de los equipos de salud del Primer Nivel de Atención-, donde se trabajaba con el paradigma de aborto no punible o ILE. Si es legal, entonces, ¿por qué tanto las mujeres que abortan como quienes garantizan un derecho consagrado sufren la clandestinidad y el estigma social? Porque existen una serie de obstáculos que pueden sintetizarse en el marco de las políticas públicas implementadas por los Estados en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal). Empezando por el hecho de la falta de estadística estatal, las acciones expulsivas del sistema de salud y una aceptación y naturalización de la desigualdad de acceso, se genera un escenario de múltiples opciones. Cuando no hay información aparecen las acciones desde la más profunda desesperación; cuando no hay políticas públicas ajustadas a la realidad, aparece el mercado clandestino y ya sabemos que el mercado da respuesta a unas pocas mientras lo clandestino somete al cuerpo de las mujeres a un azar intolerable: puede ser un legrado (2) con anestesia, puede ser un legrado sin condiciones de asepsia, puede ser una “sonda” que te raspe el útero, puede ser una estafa, pueden ser los más terribles escenarios para algunas. Por suerte muchas otras, darán con espacios de organización y acompañamiento seguros, pero ese es el azar que no podemos permitirnos como sociedad. Actualmente, hay muchas organizaciones que brindan información científicamente actualizada. La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir es una de estas organizaciones. En ella trabajamos en pos de garantizar no sólo el acceso a la información, sino el cumplimiento de los Protocolos que rigen en el territorio nacional. Actualmente esta red federal esta compuesta por 580 profesionales de la salud que día a día buscamos las estrategias para sortear obstáculos entre los derechos escritos y la realidad de las mujeres – y personas con capacidad de gestar. Los/as efectores/as de salud, de la administración pública o privada, somos garantes de un derecho consagrado por la legislación nacional: el acceso a un ILE es un derecho humano esencial de la mujer. No podemos someter sus cuerpos a opiniones personales, porque lo que está en juego es su salud y su vida. Los profesionales que garantizamos este derecho estamos a favor de la vida. Quienes nos entendemos como garantes de este derecho, nos encontramos con la falta de insumos necesarios y de las herramientas técnicas pertinentes dispuestas en el lugar adecuado. En este sentido, dos cuestiones centrales para garantizar un ILE son la producción nacional y distribución de misoprostol, y la habilitación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del ingreso y distribución de mifepristona -ambos medicamentos calificados como esenciales por la Organización Mundial de la Salud (OMS)-. La OMS afirma que su uso correcto funciona en más del 90% de los casos, que es efectivo y seguro hasta las 12 semanas de embarazo, y que el tratamiento medicamentoso (mifepristona y misoprostol) puede realizarse de manera ambulatoria. Asimismo, recomienda la implementación de la técnica de AMEU (Aspiración Manual Endo-Uterina) en reemplazo de la utilizada hoy en el país (internación para Dilatación y Curetaje o Legrado). Esto implica pensar en una actualización en AMEU de las capacitaciones del personal médico, y en la revisión de los diseños curriculares de las carreras en Medicina. Esto permitiría que el sistema público de salud pueda dar respuesta hasta el 85% de los ILE que pueden ser resueltos en el Primer Nivel de Atención. Por estos motivos, es necesaria la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo que impulsa desde hace años la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito, que daría un progresivo paso en el ordenamiento normativo y judicial que tiene el país. La Ley aportaría a que el Estado no pueda mirar para otro lado y dejar que las mujeres continúen siendo vulneradas, y también a que la sociedad civil se brinde un debate urgente -con especial hincapié en escuchar la voz de las mujeres-. Estos son sólo algunos de los puntos neurálgicos que necesitan ser tratados, para lo cual resulta necesaria una voluntad política del Estado para garantizar el acceso a este derecho que hoy le es negado a las mujeres en Argentina. Un derecho que, como dijimos, está legislado en el país. No queremos otro caso como el de Belén, la terrible y violenta muerte de Ana Maria Acevedo, ni una mujer más que siga padeciendo daño moral, psicológico ni físico. No queremos más esta vulneración sistemática a los derechos de las mujeres. El aborto es una realidad, las estadísticas dejan claro que lo más probable es que la mayoría de la mujeres se encuentren en esta situación a lo largo de la vida y es de público conocimiento que quienes pueden pagar miles de pesos son quienes acceden a más y mejores cuidados. El problema es el aborto inseguro, no el aborto. Necesitamos darnos este debate maduro, con perspectiva de derechos humanos y por sobretodo con la calidad que nos merecemos todas. (1) “[..] no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, todo vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible” CSJN, 2012: considerando 21. (2) Operación quirúrgica que consiste en raspar la superficie de ciertos tejidos, especialmente el útero o los huesos, para eliminar sustancias adheridas o para obtener muestras del tejido. M. Ximena Arriola Médica (MN: 149512) Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.

Aborto en Chile, "En todas las clínicas cuicas, muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas"

Ministra Molina: "En todas las clínicas cuicas, muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas" Ley de Aborto Terapéutico, que será ingresada a mediados de enero, define qué es un feto inviable y qué es amenaza de vida para la madre. La titular de Salud anuncia que proyecto viene 'suave'. por: La Segunda martes, 30 de diciembre de 2014 Foto CLAUDIO CORTES Ministerio aclaró que es "opinión personal" El Ministerio de Salud emitió una declaración pública tras el revuelo que generaron las declaraciones de Helia Molina, donde afirma que los dichos son una "opinión personal" y que "no representan el pensamiento del Gobierno". "La cita destacada por el medio (La Segunda) corresponde a una opinión personal de la Ministra de Salud que no representa el pensamiento del Gobierno de Chile", dice en su primer punto. En el segundo sostiene que "la ministra Molina lamenta profundamente lo señalado y expresa públicamente sus excusas por estas declaraciones que pudieran ofender o estigmatizar a ciertos grupos de la población o establecimientos de salud". Y concluye: "Lamentamos que la entrevista se haya centrado en este aspecto que fue abordado de manera tangencial e informal por la secretaria de Estado al término de más de dos horas de conversación, en que se realizaba una evaluación de los avances en materia de Salud alcanzados durante 2014". Más Noticias ► Responsable del Museo que se construirá en el Parque San Borja responde a las críticas img ► CDE analiza presuntas irregularidades del vicepresidente del Senado img ► Funcionaria acusa a Hospital Clínico UC: "Me tuvieron tres días con el feto muerto en mi vientre, esperando que lo abortara" img ► Vecinos se enfrentan con la municipalidad de Santiago por el Parque San Borja img ► Contraataque del rector Sánchez (UC): "El gobierno no está actuando con las mismas virtudes que pide" img Por Catalina De Améstica R. A mediados de enero. Ese es el nuevo plazo que el Gobierno se dio para el envío al Congreso del proyecto de ley de Aborto Terapéutico, que busca despenalizar la interrupción del embarazo en caso de violación, inviabilidad fetal y riesgo vital de la madre. La iniciativa generó gran resistencia de la Iglesia Católica y de grupos conservadores cuando fue anunciado por la Presidenta Bachelet en el mensaje del 21 de mayo. Producto del revuelo y para descomprimir la tensión generada, en junio La Moneda anunció que aplazaría su discusión sin dar fechas concretas. Pero el proyecto hoy avanza a pasos agigantados, por lo que hace unas semanas el Gobierno anunció que lo ingresaría a fines de enero. "Pero ingresará antes de esa fecha, será a mediados de enero. Como ministerio ya enviamos nuestro informe técnico, médico y sanitario con definiciones y propuestas sobre el aborto terapéutico. En el documento se detalla, por ejemplo, qué se va a considerar un feto inviable y qué es una amenaza de vida para la madre", adelantó la ministra de Salud, Helia Molina, a "La Segunda". Y precisó que "la interrupción del embarazo, en estos tres casos, debe realizarse antes de las 12 semanas de gestación". "Es un proyecto suave" La elaboración del proyecto se rearticuló hace unos meses entre la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Justicia, Salud y en el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam). Mientras la Segpres se encarga de la tramitación legislativa, Justicia coordina la despenalización de lo que hoy es considerado como un delito, Salud revisa el actual Código Sanitario y el Sernam está mandatado para liderar todo el proceso. -Se anticipa el inicio del 2015 con un fuerte debate valórico. -Este es un proyecto suave, que establece la interrupción del embarazo en tres casos. Y los detalla con ejemplos concretos: "Si una mujer tiene cuatro hijos y queda esperando un quinto, pero en el intertanto adquirió una hipertensión pulmonar y el obstetra le advierte que este embarazo le puede costar la vida, la mujer debe tener derecho a decidir si quiere seguir con ese embarazo... (Puede interrumpirlo porque) tiene otros cuatro hijos que cuidar o puede correr el riesgo de morir por el hijo que está esperando". Agrega que "si una mujer está embarazada y el médico le dice que su bebé no tiene cerebro, y que a las pocas horas o días de nacer, morirá, ella debe tener derecho a decidir si quiere seguir adelante porque para muchas personas esperar los nueve meses en esas condiciones es una tremenda agonía y trauma porque no va a vivir". Y finalmente, señala, "si una mujer es violada, también debe tener derecho a decidir si sigue o no con ese embarazo". -La Iglesia Católica ya manifestó su total rechazo y sacó el tema de la agenda pública. -Me parece normal que exista una importante resistencia de la Iglesia y de otros grupos a este proyecto, pero en todas las encuestas realizadas y en la votación obtenida por la Presidenta Bachelet en la elección, y considerando que es parte de su programa de Gobierno, se revela que la mayoría personas en Chile piensan que en determinados momentos y situaciones específicas debiera legislarse sobre la despenalización del aborto. Yo lo comparto, no soy totalmente liberal en este tema, pero hay momentos en que la mujer debe ser capaz de decidir qué es lo que quiere hacer. -Grupos conservadores priorizan el derecho a la vida del que está por nacer por sobre el derecho de elegir de la mujer. ¿Qué prima? -Esto es bien doble estándar, porque en todas las clínicas cuicas de este país muchas de las familias más conservadoras han hecho abortar a sus hijas. Las personas con más dinero no requieren de leyes, porque tienen los recursos. El otro debate que estallará con esta iniciativa, será sobre la objeción de conciencia. Y Molina, que es doctora, lo sabe. A su juicio es "entendible" que determinados profesionales recurran a ella para evitar participar en un aborto (aunque sea terapéutico), pero que esto no es extensivo a las instituciones médicas pues es el Estado el que define las políticas y no las clínicas. "La mayoría de los médicos no están en contra de esta ley y la objeción de conciencia es individual, no institucional. Donde se aplican políticas del Estado, hay que hacer lo que la política y el Estado dicen. Como médico, me puedo negar y nadie me puede juzgar". -La Universidad Católica ya anticipó que no realizará abortos terapéuticos en sus centros médicos. -La UC, como universidad, puede establecerlo en sus principios. Pero si así lo define, no puede trabajar con Fonasa ni con los pacientes del sistema público. Ellos pueden hacer lo que quieran, pero en un ámbito que no sea público.