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sábado, 17 de agosto de 2019

Foro Saludísima, aborto.

Foro Saludísima aborto. Clínica aborto Buenos Aires: Donde puedo abortar en argentina? Esto es lo mejor, comprobable, de lujo, el lugar y la atención con médicos muy conocidos, matriculados, con mucha experiencia, muy recomendable. Consultá tu tratamiento personalizado, según tus semanas de gestación, tu única solución seria y confiable para tu caso en Argentina. Médicos serios y responsables, no dudes en consultarlos, te recomiendo una clínica muy buena, no vas a tener inconvenientes, escribe a atrasomenstrual@yahoo . com.ar o también podes llamar al teléfono 011 15 59 26 97 99

sábado, 3 de agosto de 2019

Aborto en Lomas de Zamora

Esto es lo mejor, comprobable, de lujo, el lugar y la atención con médicos muy conocidos, matriculados, con mucha experiencia, muy recomendable. Consultá tu tratamiento personalizado, es ambulatorio, en menos de una hora está resuelto, por aspiración o succión (AMEU) según tus semanas de gestación, tu única solución seria y confiable para tu caso en Argentina. Con monitoreo ecográfico contínuo. Médicos serios y responsables, no dudes en consultarlos, te recomiendo una clínica muy buena, no vas a tener inconvenientes, escribe a atrasomenstrual@yahoo . com.ar o también podes llamar al teléfono 011 15 59 26 97 99

miércoles, 17 de abril de 2019

Julieta Ortega reveló que se sometió a un aborto

Cuando vivía en Estados Unidos Julieta Ortega reveló que se sometió a un aborto: “Hay que dejar que cada uno decida cómo quiere vivir su vida” La actriz, que apoya la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, contó su experiencia. Ortega estuvo de visita en el programa de entrevistas de Luis Novaresio que se emite por A24. (Captura TV) Julieta OrtegaAborto Una de las caras más visibles de la lucha por la despenalización del aborto en el país, Julieta Ortega (46), reveló en las últimas horas, y frente a las cámaras de un programa de televisión, que en el pasado pasó por esa situación y por eso puede "hablar en primera persona". En detalle, la actriz y mamá de Benito (12), fruto de su relación con Iván Noble (51), visitó este lunes el programa de entrevistas que Luis Novaresio (54) conduce por A24 y, como era de esperarse, fue consultada acerca de la despenalización del aborto así como de otras luchas del colectivo Actrices Argentinas (AA), del que ella es miembro. "Es indiscreto lo que te voy a preguntar pero muchas mujeres participaron de la campaña Yo aborté, ¿alguna vez pasaste por esa situación?", le preguntó en determinado momento de la charla Novaresio. "Yo puedo hablar en primera persona de las dos situaciones, la de elegir no seguir adelante con un embarazo y la de desear un embarazo con todo mi ser y con todo mi corazón: Benito", arrancó diciendo la también hija de Palito Ortega (78) y Evangelina Salazar (72). Y luego de contar que el nombre de su hijo se lo copió a Gustavo Cerati, la actriz recibió otra cruda pregunta: "¿Y qué pasó cuando decidiste no (seguir adelante con un embarazo)?". "Eh... vivía en un país en donde el aborto era legal", respondió ella. "¿En Estados Unidos?", quiso saber el periodista y conductor de Debo decir (América, domingos a las 22) y Julieta asintió antes de justificar su posición a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. "Creo profundamente en esto. Creo que hay que dejar que cada uno decida cómo quiere vivir su vida, cuándo quiere convertirse en madre y con quién... Y eso te convierte en una persona planeando cómo quiere vivir su vida, algo que los hombres han hecho históricamente y si ellos quedaran embarazados, ¿quién dijo? 'se podría conseguir un aborto en cada Banelco', yo creo lo mismo", fundamentó. "Entonces a mí me indigna y, además, el aborto legal no obliga a nadie a abortar. Sí ayuda a las mujeres que deciden abortar a hacerlo en un lugar seguro, a no morirse y a que no las maltraten. No tener que ir a la casa de la vecina. No tener que estar buscando en todos lados quién lo hace de forma más o menos segura... Hay que confiar en las mujeres", agregó. Quiénes son las actrices argentinas que hicieron una denuncia pública por violación contra Juan Darthés Mirá también Quiénes son las actrices argentinas que hicieron una denuncia pública por violación contra Juan Darthés En ese momento, la también hermana de Martín, Sebastián, Emanuel, Luis y Rosario Ortega aseguró que le duele "un montón" que se subestime al género y aclaró su posición a la hora de apoyar la despenalización del aborto. "Por supuesto que no creo que sea lo mismo vida humana que un ser humano. Realmente creo que ser humano es al nacer, por eso se le pone un nombre cuando nace y si muere en el vientre materno no tiene nombre", apuntó. Y sumó a esos dichos: "Creo en todo eso pero sobre todo creo en el derecho de cada mujer de planear si quiere tener hijos, cuántos quiere tener... las razones por las cuales una mujer puede quedar embarazada son infinitas y ni me atrevería a meterme ahí porque también hay gente que te dice 'bueno... te puede pasar una vez pero si te pasan...'. No es tu problema, dejá a la gente vivir". Antes de concluir con ese tema, Novaresio fue aún más indiscreto, según sus propias palabras, y le preguntó a su invitada si sus padres estaban al tanto de la interrupción de su embarazo en Estados Unidos. Por lo que ella concluyó: "Yo no hablo de este tema así, ellos saben todo de mí. Lo único que te voy a decir es esto: yo conozco las dos situaciones y tuve la suerte en ese momento de vivir en un país que respetaba el derecho a decidir. Incluso de las chicas muy jóvenes. Podías hasta no avisar en tu casa si tenías más de 18 años. Eso es dejar que cada mujer decida". JA

lunes, 25 de marzo de 2019

Despidos, persecución política, precarización laboral y vulneración de derechos de las mujeres, lesbianas y trans en el municipio de San Miguel Posted on 2 septiembre, 2018 by Campaña

Despidos, persecución política, precarización laboral y vulneración de derechos de las mujeres, lesbianas y trans en el municipio de San Miguel Posted on 2 septiembre, 2018 by Campaña El 23/08/18 han despedido a trabajadoras del primer nivel de atención de la Secretaría de Salud y Bienestar Familiar: La trabajadora social Cecilia Ayala que desempeñaba su labor desde hace 3 años en el Centro de Salud Dra. Marta Antoniazzi (Barrio Sarmiento), y la obstétrica Carina Luchetti, quien se desempeñaba en el Centro de Salud Cándido Castelo de Barrio Cuartel II con una antigüedad de 14 años en el municipio. Los argumentos esgrimidos hacia Cecilia Ayala por el subsecretario de salud Dr. Diego Lambert refieren a que la senadora nacional María Belén Tapia había realizado una recorrida por el centro de salud y observó la presencia de un cartel que era “incoherente” con la política del municipio, el cartel decía “NI UNA MENOS, VIVAS NOS QUEREMOS” realizado por el grupo de mujeres en situación de violencia que funciona en el centro de salud. Ante la pregunta del porqué del despido el subsecretario manifestó que se evaluaba que no estaba “a favor de la vida”. En relación a Carina Luchetti luego de que ella denuncie las violencias obstétricas en los casos que corresponden, los motivos que el subsecretario esgrimió para su despido fueron “que el Dr. Pittaro no podía trabajar con ella”. El Dr. Alejandro Pittaro es Jefe del Programa Materno Infantil del Primer Nivel de Atención y es quien lleva adelante, en primera persona, en el Hospital Larcade, la Consejería Guadalupe para coartar derechos sexuales reproductivos y no reproductivos. Se destaca que el Dr. Alejandro Pittaro, ha explicitado en la presentación de la política pública llamada “consejería Guadalupe” que el objetivo de la misma es evitar más “muertes de bebés”. Entre sus fundamentos, afirmó: “… durante el año 2017, la maternidad Estela de Carlotto había realizado 63 Interrupciones Legales del Embarazo (ILES) a mujeres con domicilio en San Miguel”, es decir, que la Consejería Guadalupe, tiene como principal tarea violentar una ley de casi 100 años de antigüedad, persuadiendo a las mujeres, lesbianas y trans gestantes a renunciar a su derecho de interrumpir legalmente un embarazo ¿Qué pasa si decide no renunciar a sus derechos? El Estado Municipal de San Miguel las deja a merced de la clandestinidad . El intendente Jaime Méndez y el Secretario de salud Pablo De La Torre, ya que piden coherencia estaría muy bien que cumplan con las leyes laborales y las leyes que protegen a las mujeres y personas gestantes. Otro antecedente, fue el despido realizado en el mes de mayo de la trabajadora social Silvana Rodriguez que se desempeñaba en el CIC María Lobato, luego de una persecución realizada por la secretaría de salud, a partir de articular junto con la médica generalista del equipo, una ILE (interrupción legal del embarazo) Causal Violación con la Maternidad Estela de Carlotto. Destacamos que las trabajadoras despedidas hace años vienen poniendo en el centro, la vida. Todas las vidas vivibles, entendiendo la maternidad como un derecho y no como una condena. Denunciamos la persecución ideológica y los despidos que el Intendente Jaime Méndez, con el aval político de Joaquín de La Torre, Ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, está llevando a cabo con las trabajadoras de la salud, que garantizan los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de la población de San Miguel, el distrito con mayor cantidad de casos de sífilis en toda la provincia de Buenos Aires y que no distribuye preservativos para frenar esta enfermedad por razones religiosas que nada tienen que ver con la ciencia ni con la ley. Respetamos todas las creencias pero no por ello la política pública debe ser hundirnos en la ignorancia y las enfermedades de transmisión sexual.

viernes, 10 de agosto de 2018

¿Cómo funciona un aborto quirúrgico con anestesia ... - Blog

Esto es lo mejor, comprobable, de lujo, el lugar y la atención con médicos muy conocidos, matriculados, con mucha experiencia, muy recomendable. Consultá tu tratamiento personalizado, según tus semanas de gestación, tu única solución seria y confiable para tu caso en Argentina. Médicos serios y responsables, no dudes en consultarlos, te recomiendo una clínica muy buena, no vas a tener inconvenientes, escribe a atrasomenstrual@yahoo . com.ar o también podes llamar al teléfono 011 15 59 26 97 99

viernes, 21 de octubre de 2016

El aborto como derecho a la salud: un debate urgente Por Ximena Arriola

El aborto como derecho a la salud: un debate urgente Por Ximena Arriola Hace 95 años que el aborto es legal por causales. Desde 1921 el Código Penal de la Nación, en su artículo 86, explicitó que hay tres causales donde la interrupción del embarazo es legal: por violación, por afectación a la salud integral y por riesgo de vida. En el año 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación aclaró el sentido en el cual debía entenderse la causal salud en el emblemático fallo “F., A. L (1). s/medida autosatisfactiva”, remarcó lo innecesario de la judicialización e invitó al Estado a tomar acciones para cumplir con los acuerdos internacionales. En consecuencia, en el 2015 el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que reflejó y enmarcó muchas de las prácticas que se venían garantizando. Sin embargo, la realidad social del aborto es tremenda y está fuertemente sub-registrada. Las estadísticas hablan de más de 500 mil abortos por año y del fallecimiento de casi 200 mujeres por año: 50 mujeres por la práctica del aborto inseguro y 135 por causas obstétricas directas sólo en el 2013. Pero no hay que considerar sólo la mortalidad: la morbilidad severa, que implica daños físicos, psíquicos y morales por tratos denigrantes, el hostigamiento y las múltiples violencias que sufren tanto quienes acuden como quienes no al sistema de salud, son imposibles de calcular. En mi experiencia, comencé a pensar en las herramientas que tenía como militante política para acompañar a mujeres en situación de embarazo no deseado desde vivencias muy crudas. Aún no era médica y participaba de un espacio de asistencia y formación de “Promotores de Salud” en Villa Fiorito, Provincia de Buenos Aires, cuando estas urgencias comenzaron a emerger. Adolescentes y mujeres mayores, algunas ya madres, las que podían elegir un método anticonceptivo y las que sufrieron violaciones. Todas con algo en común más allá de una decisión tomada y la búsqueda de información: el miedo. La mayoría tenían el recuerdo de alguna mujer que terminó hospitalizada, que se infectó, que “la vaciaron”, que no pudo tener nunca más hijos, que murió, que su marido se enteró, que estaba presa. En ese contexto tuvimos que empezar a construir respuestas, desde el derecho, la empatía y la comprensión de la inequidad de género reinante basándonos en el feminismo. Por suerte, una compañera de Lesbianas y feministas por la legalización del aborto, estaba muy formada sobre el uso de misoprostol como método seguro de interrupción del embarazo. En ese entonces, nuestro paradigma era el de reducción de riesgos y daños, con confianza en el derecho a la información científica y de calidad que tenemos las mujeres. En el contexto del malintencionado debate actual, es importante aclarar que la compañera que no era médica, contaba con la información científica y que yo, en mi pasaje universitario, nunca tuve formación alguna al respecto. Por eso me preocupó la confianza depositada en la comunidad profesional de la medicina en este tema. Es necesario que la sociedad sepa que en las universidades no es parte de la currícula la asistencia psicológica, legal y técnica del aborto, sólo se nos recalca que es una situación a la que debemos temer, que seremos demandados y que un juez nos sacará la matrícula. En esas aulas, un docente un día nos explicó: “el paciente es el enemigo hasta que se demuestre lo contrario”, así nos invitó al ejercicio de una de las más hermosas profesiones. Pasados algunos años, ya recibida y en ese momento ocupando un puesto en la función pública en la Secretaria de Salud de Lomas de Zamora, mi responsabilidad era otra. El paradigma de reducción de riesgos y daños llegaba a un cuello de botella, muy marcado en las clases populares, que era el acceso a la medicación: los blíster para una interrupción segura tienen un costo de entre $1.000 y $1.800 en las farmacias. De modo que comienzo a empaparme de la experiencia de otros colectivos sociales y de espacios del sistema público -particularmente de la dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia de Buenos Aires, que acompañaba la labor titánica de los equipos de salud del Primer Nivel de Atención-, donde se trabajaba con el paradigma de aborto no punible o ILE. Si es legal, entonces, ¿por qué tanto las mujeres que abortan como quienes garantizan un derecho consagrado sufren la clandestinidad y el estigma social? Porque existen una serie de obstáculos que pueden sintetizarse en el marco de las políticas públicas implementadas por los Estados en sus tres niveles (nacional, provincial y municipal). Empezando por el hecho de la falta de estadística estatal, las acciones expulsivas del sistema de salud y una aceptación y naturalización de la desigualdad de acceso, se genera un escenario de múltiples opciones. Cuando no hay información aparecen las acciones desde la más profunda desesperación; cuando no hay políticas públicas ajustadas a la realidad, aparece el mercado clandestino y ya sabemos que el mercado da respuesta a unas pocas mientras lo clandestino somete al cuerpo de las mujeres a un azar intolerable: puede ser un legrado (2) con anestesia, puede ser un legrado sin condiciones de asepsia, puede ser una “sonda” que te raspe el útero, puede ser una estafa, pueden ser los más terribles escenarios para algunas. Por suerte muchas otras, darán con espacios de organización y acompañamiento seguros, pero ese es el azar que no podemos permitirnos como sociedad. Actualmente, hay muchas organizaciones que brindan información científicamente actualizada. La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir es una de estas organizaciones. En ella trabajamos en pos de garantizar no sólo el acceso a la información, sino el cumplimiento de los Protocolos que rigen en el territorio nacional. Actualmente esta red federal esta compuesta por 580 profesionales de la salud que día a día buscamos las estrategias para sortear obstáculos entre los derechos escritos y la realidad de las mujeres – y personas con capacidad de gestar. Los/as efectores/as de salud, de la administración pública o privada, somos garantes de un derecho consagrado por la legislación nacional: el acceso a un ILE es un derecho humano esencial de la mujer. No podemos someter sus cuerpos a opiniones personales, porque lo que está en juego es su salud y su vida. Los profesionales que garantizamos este derecho estamos a favor de la vida. Quienes nos entendemos como garantes de este derecho, nos encontramos con la falta de insumos necesarios y de las herramientas técnicas pertinentes dispuestas en el lugar adecuado. En este sentido, dos cuestiones centrales para garantizar un ILE son la producción nacional y distribución de misoprostol, y la habilitación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) del ingreso y distribución de mifepristona -ambos medicamentos calificados como esenciales por la Organización Mundial de la Salud (OMS)-. La OMS afirma que su uso correcto funciona en más del 90% de los casos, que es efectivo y seguro hasta las 12 semanas de embarazo, y que el tratamiento medicamentoso (mifepristona y misoprostol) puede realizarse de manera ambulatoria. Asimismo, recomienda la implementación de la técnica de AMEU (Aspiración Manual Endo-Uterina) en reemplazo de la utilizada hoy en el país (internación para Dilatación y Curetaje o Legrado). Esto implica pensar en una actualización en AMEU de las capacitaciones del personal médico, y en la revisión de los diseños curriculares de las carreras en Medicina. Esto permitiría que el sistema público de salud pueda dar respuesta hasta el 85% de los ILE que pueden ser resueltos en el Primer Nivel de Atención. Por estos motivos, es necesaria la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo que impulsa desde hace años la Campaña Nacional por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito, que daría un progresivo paso en el ordenamiento normativo y judicial que tiene el país. La Ley aportaría a que el Estado no pueda mirar para otro lado y dejar que las mujeres continúen siendo vulneradas, y también a que la sociedad civil se brinde un debate urgente -con especial hincapié en escuchar la voz de las mujeres-. Estos son sólo algunos de los puntos neurálgicos que necesitan ser tratados, para lo cual resulta necesaria una voluntad política del Estado para garantizar el acceso a este derecho que hoy le es negado a las mujeres en Argentina. Un derecho que, como dijimos, está legislado en el país. No queremos otro caso como el de Belén, la terrible y violenta muerte de Ana Maria Acevedo, ni una mujer más que siga padeciendo daño moral, psicológico ni físico. No queremos más esta vulneración sistemática a los derechos de las mujeres. El aborto es una realidad, las estadísticas dejan claro que lo más probable es que la mayoría de la mujeres se encuentren en esta situación a lo largo de la vida y es de público conocimiento que quienes pueden pagar miles de pesos son quienes acceden a más y mejores cuidados. El problema es el aborto inseguro, no el aborto. Necesitamos darnos este debate maduro, con perspectiva de derechos humanos y por sobretodo con la calidad que nos merecemos todas. (1) “[..] no puede ni debe ser obligada a solicitar una autorización judicial para interrumpir su embarazo, todo vez que la ley no lo manda, como tampoco puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción del mismo ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible” CSJN, 2012: considerando 21. (2) Operación quirúrgica que consiste en raspar la superficie de ciertos tejidos, especialmente el útero o los huesos, para eliminar sustancias adheridas o para obtener muestras del tejido. M. Ximena Arriola Médica (MN: 149512) Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.